Después de varios años de investigaciones, Iñaki Urdangarin fue sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión por su participación en el caso Nóos. En la Casa Real, tanto la infanta Cristina como el rey Juan Carlos I estaban plenamente conscientes de las actividades ilícitas del ex jugador de balonmano. A pesar de ello, Urdangarin, alguien ajeno a la sangre real, terminó siendo el único culpable, convirtiéndose en el chivo expiatorio de uno de los escándalos de corrupción más conocidos en España.
Inicialmente, Iñaki asumió toda la responsabilidad de sus acciones y exoneró a Cristina de cualquier delito, esperando que el rey emérito utilizara su influencia para absolverlo. Sin embargo, esto no sucedió. Juan Carlos tenía la responsabilidad de demostrar que la ley se aplica de manera equitativa para todos, a pesar de que la realidad nos muestra que esta premisa puede variar si tu apellido es Borbón. Esto ha quedado recientemente expuesto, ya que, en medio del polémico divorcio entre Iñaki y Cristina, se ha revelado que Juan Carlos I movió los hilos para evitar que la infanta Cristina fuera encarcelada.
Tres millones de euros: el precio de la libertad de Cristina
La bomba estalló hace tan solo unos días, cuando el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, expuso en un juicio oral que se le seguía en la Audiencia Nacional que el abogado Miquel Roca, a través de un intermediario, le ofreció tres millones de euros para que su sindicato retirara la acusación contra la infanta Cristina por el caso Nóos.
Figuras clave y acuerdos en las sombras
Bernad detalló que el ofrecimiento provino de Roca, el abogado de la infanta, y se realizó a través de un amigo personal, Jaime Alonso, presidente del sindicato Fuerza Nacional del Trabajo. A pesar de las insistencias, Bernad rechazó la oferta, desconfiando de Roca y sus intenciones. El testimonio de Bernad también involucra a otras figuras prominentes, como el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, quien, según las acusaciones, negociaba acuerdos con entidades bancarias a cambio de no presentar demandas. Sin embargo, Bernad ha eximido a Pineda de cualquier implicación en la desimputación de la infanta.
En medio de estas maquinaciones, surge el nombre de Isidre Fainé, entonces presidente de La Caixa. Bernad sostiene que Fainé expresó la preocupación de la Casa Real por la situación de la infanta Cristina, sugiriendo que solo apelaban al "sentido de responsabilidad". Además, se exploraron diversas opciones para desvincular a la infanta de las acusaciones, incluso ofreciendo un crédito a un empresario amigo de Bernad a cambio de retirar la acusación.
El relato de Miguel Bernad se convierte en un tapiz complejo de influencias, acuerdos secretos y el esfuerzo por proteger la reputación de la Casa Real. Mientras la Fiscalía busca imponer 24 años de cárcel a Bernad por delitos de organización criminal y extorsión, las revelaciones arrojan luz sobre los entresijos de una trama que involucra a figuras clave en el mundo financiero y la escena real de España.